Además de los contratos, que simbolizan acuerdos, y de sus opuestos, los conflictos, hay otros ámbitos o situaciones en torno al arte que requieren de otras herramientas legales. Por ejemplo, en el ámbito familiar, con las herencias y sucesiones en las que hay obras o derechos sobre las mismas. La creación y disolución de empresas o fundaciones en las que obras o derechos sobre ellas forman parte de los activos. Lo mismo sucede con matrimonios y divorcios. Los impuestos sobre activos consistentes en obras de arte y las ventajas fiscales de apoyar actividades artísticas. Los registros de obras o marcas de artista. La protección del patrimonio cultural de cada nación y de la humanidad. Los casos en los que es necesario regular el uso de nombres e imágenes personales de creadores y artistas, entre miles de otras situaciones que forman parte de la vida de los artistas o de quienes poseen arte o derechos sobre obras de arte, de sus sucesores o herederos, de sus cónyuges, de sus socios, etc. 

En esos casos, entran en juego las normas legales contenidas en leyes, reglamentos, decretos y tratados internacionales. En materia de arte se aplican leyes de diversas especialidades tales como el Derecho de Autor y de Marcas, el Derecho Fundacional, Asociativo y Societario; el Derecho Constitucional que comprende los derechos de la personalidad (al nombre y a la imagen, por ejemplo), el Derecho de Protección al Patrimonio Cultural, el Derecho Civil en varios de sus ámbitos: Familia, Sucesiones y Donaciones, Contratos, Responsabilidades por Daños; el Derecho Fiscal o Tributario, el Derecho Mercantil, el Derecho Administrativo y hasta el Derecho Penal, que contiene las reglas aplicables en casos de falsificaciones y estafas, situaciones con las que lamentablemente se enfrentan quienes se dedican a este fascinante y complejo mundo del arte.  Entre otras disciplinas jurídicas.

Como hemos visto, estos actores, sea que realicen actividades creativas, gerenciales u organizativas, se valen de diversos recursos y fuentes legales como las propias leyes nacionales y convenios internacionales, los contratos, acuerdos y convenios, las declaraciones, peticiones, registros y otros procesos administrativos, fiscales y judiciales; los métodos alternativos de solución de controversias como la conciliación, la mediación y el arbitraje, entre otros.